El diputado por el Distrito 26, Fernando Bórquez, manifestó en sesión de la Cámara de Diputados su profunda "molestia y preocupación" por las recientes alzas en las tarifas del transporte marítimo que afectan directamente a los habitantes de la provincia de Chiloé y de la isla de Quinchao.
Según informó el parlamentario, hace algunos días se dio a conocer que la empresa Transmarchilay, que presta servicios en el Canal de Chacao, aplicaría una tarifa diferenciada para los residentes de la isla de Chiloé.
Sin embargo, esta supuesta “buena noticia” vino acompañada de un aumento significativo en los valores cobrados, los que en algunos casos superan hasta en un 36% las tarifas aplicadas por la naviera Cruz del Sur en el mismo tramo.
“Hoy vemos con indignación que mientras Cruz del Sur cobra alrededor de 15 mil pesos, Transmarchilay eleva ese monto hasta los 21.500 pesos, lo que resulta absolutamente injustificado y perjudicial para las familias chilotas y el turismo”, señaló el diputado Bórquez.
El congresista advirtió que esta situación tiene un doble impacto negativo: por una parte, afecta directamente el bolsillo de los habitantes del Archipiélago que deben trasladarse al continente tanto por razones laborales, de salud o familiares; y, por otro lado, desincentiva la llegada de turistas a la isla, golpeando duramente a la economía local, especialmente a los pequeños y medianos emprendedores que dependen de la temporada estival para mejorar sus ingresos y subsistir durante el largo invierno.
Asimismo, el diputado extendió su denuncia a lo que ocurre en la isla de Quinchao, donde también se han registrado alzas en las tarifas marítimas, generando los mismos perjuicios para sus residentes.
“No puede ser que vivir en una isla signifique pagar costos excesivos por un servicio básico. Esto vulnera el principio de equidad territorial y castiga injustamente a nuestras comunidades”, enfatizó.
Finalmente, Fernando Bórquez llamó a las autoridades competentes a fiscalizar y adoptar medidas urgentes que eviten abusos en el cobro de tarifas, asegurando un transporte marítimo justo, accesible y acorde a la realidad de las familias del archipiélago.
