Como “una grave crisis” calificó el diputado Mauro González, la falta de personal que enfrentan los Centros de Reinserción Social, dependientes de Gendarmería y que están a cargo de las personas que han sido condenadas a una pena distinta a la prisión, por ejemplo, remisión condicional, libertad vigilada, entre otras.
En un contexto, el parlamentario expuso con preocupación los serios problemas que están enfrentando los funcionarios de los CRS, quienes no pueden cumplir a cabalidad con sus funciones debido a la falta de recursos humanos y el aumento de los condenados.
Por eso, oficio al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, sobre las medidas que se adoptarán para entregar una solución al problema de falta de operatividad de los Centros de Reinserción Social del país.
En tanto, Raúl Cárdenas, presidente de la Asociación Gremial y representante del personal no uniformado de Gendarmería, sostuvo que “Gendarmería en la región está complicada, el personal de los CRS, y en general todas las unidades penales, requieren de personal suficiente. Hoy nos encontramos con una unidad penal, como en Ancud, que no cuenta con duplas psicosociales para atender a la población penal y eso es grave. Pronto debemos dar solución a una crisis en el sistema, hemos advertido que tenemos un sistema colapsado”.
“Hemos solicitado que se atienda con mayor premura lo que está pasando en los Centros de Reinserción Social de la región, es ahí donde hacemos el punto en torno a la preocupación que debe tener el servicio y el Ministerio de dotar lo más antes posible de personal. Proponemos que se haga un estudio permanente de incremento de población penalizada anual y compararlos con los egresos del sistema, eso nos va a dar claridad de cuánto es la proyección que podemos tener de personal para la región, pero todos los años y llevarlo al presupuesto nacional que contemple la contratación de personal suficiente”, recalcó Cárdenas.
Cabe mencionar que el CRS de Puerto Montt atiende a una población penal de 1.912 personas, y para ello solo cuenta con 27 funcionarios, quienes cumplen diversas tareas, misma situación que se repite en Chiloé.