Determinar las eventuales responsabilidades en los más de dos mil despidos ocurridos en el sector público es el propósito de un escrito presentado a Contraloría General de la República por la diputada Jenny Álvarez junto a otros congresistas de la bancada del partido Socialista y dirigentes nacionales de la ANEF.

La parlamentaria pidió que el ente contralor determine la eventual responsabilidad administrativa de los funcionarios de Gobierno que están despidiendo a funcionarios públicos.

En la región ya van más de 100 desvinculaciones en servios públicos como la Intendencia, gobernaciones, Ministerio de Educación, Indap y Fosis.